Como muchos ya sabéis, el 27 de octubre de 2008 publiqué en este blog un artículo criticando ciertas conductas y actitudes llevadas a cabo en el entorno del Aeropuerto de Ciudad Real. En concreto, dirigí mis críticas hacia dos empresarios y accionistas del mismo: Juan Antonio León Triviño (presidente y accionista) y Domingo Díaz de Mera (accionista del aeropuerto y propietario, entre otras muchísimas cosas, de El Día de Ciudad Real, el medio en el que yo trabajaba).

La publicación de mi artículo no sólo provocó mi despido automático al día siguiente, sino también una avalancha de demandas por parte de estos dos empresarios y de la ex gerente de mi periódico (la persona que me despidió) (podéis consultar la historia completa aquí). Estas tres personas presentaron contra mí tres demandas redactadas de forma idéntica y entregadas el mismo día y a la misma hora por un mismo abogado. Sus demandas hacían constar que, en caso de que yo no aceptase sus condiciones (entre ellas pagar 18.000 euros), me llevarían a juicio. Como yo no las acepté, todo hacía pensar que estas tres personas presentarían contra mí las pertinentes querellas que me acabarían llevando a los tribunales.

Sin embargo, las querellas nunca llegaron. El pasado martes, 27 de octubre de 2009, mi supuesto (y repito: supuesto) delito prescribió, al haberse cumplido un año. Como a fecha de 27 de octubre de 2009 yo no había recibido ninguna querella, los tres demandantes finiquitaron su plazo y perdieron, de este modo, toda oportunidad de querellarse contra mí por la vía penal. (Aún queda abierta la posibilidad de la vía civil.)

No voy a comentar qué me parece el contenido de todas estas demandas, ya que tengo mejores formas de perder el tiempo. Sin embargo, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión que no se basa en argumentos jurídicos, sino en el más simple sentido común.

Es evidente que cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a defenderse y/o querellarse si en algún momento se siente injuriado o calumniado. Sin embargo, considero que la presentación de tres demandas idénticas, el mismo día, a la misma hora, y con el mismo abogado y procurador, lejos de ser un ejercicio de legítimo derecho a la defensa ante un ataque, más bien parece ser un plan de acoso y derribo contra una persona (en este caso, yo) y una evidente intención de silenciarla y mostrarla al resto de compañeros como ejemplo de lo que pasa si te metes donde no te tienes que meter.

Además, este tipo de prácticas judiciales, lejos de ser beneficiosas para mis demandantes, les ayudan muy poco a intentar limpiar su imagen y desprenderse de los calificativos que yo les atribuía en mi artículo.

Eso es todo. Un saludo.