Las adjudicaciones de TDT están revelando una serie de posibles tratos de favor que podrían ser constitutivos de delito, sobre todo en las concesiones llevadas a cabo en cada Comunidad Autónoma. El foco de mayor sospecha se sitúa en Castilla-La Mancha, cuyas adjudicaciones serán investigadas por la Unión Europea ante la sospecha de posibles ayudas ilegales a los proveedores.

Desde Bruselas se ha enviado un escrito al Gobierno español en el que se le comunica que investigará las adjudicaciones de TDT en Castilla-La Mancha ante la sospecha de que se hayan llevado a cabo posibles ayudas ilegales a empresas sin la notificación previa a la Comisión Europea ni su consentimiento posterior.

En el principal foco de las sospechas a nivel nacional se encuentran las empresas Abertis y Telecom Castilla-La Mancha, las dos mayores contratistas de España con un 57,18% y un 13,72% del importe financiado por el Gobierno español, respectivamente. Los contratos adjudicados a estas empresas, según la Comisión Europea, podrían ser irregulares, ya que “el régimen controvertido parece dar una ventaja selectiva a los proveedores e instaladores de red (ventaja sectorial), a los operadores de la plataforma de TDT y a los radiodifusores de TDT, tanto en abierto como en acceso condicional”.

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