El chantaje del ladrillo feroz

Ahora, que llegó el invierno, ¿debe la hormiguita Estado alimentar a la cigarra inmobiliaria? ¿Deben pagar con sus impuestos las familias, las mismas que ya sufren las hipotecas, los errores provocados por la voracidad inconsciente de los que dispararon los precios de los pisos durante la burbuja? ¿Se merece el ladrillo tanta clemencia? Sin duda, los empresarios del yate y el avión privado no. Pero, ¿y sus escudos humanos? ¿Y sus trabajadores y demás víctimas colaterales?

El dilema no es sólo moral, también técnico: ¿sirve de algo mantener artificialmente con vida al ladrillo en un país donde la especulación inmobiliaria ha dejado cientos de miles de casas vacías y un litoral adosado? Obviamente, a largo plazo no. Pero, ¿se merece el ladrillo una muerte digna, lo menos dolorosa posible, aunque sólo sea por el bien del resto de la economía?

En el Gobierno hay dos respuestas ante estas preguntas. Aunque todo el gabinete está de acuerdo en que los empresarios que se forraron durante la burbuja inmobiliaria tienen que asumir ahora las vacas flacas, que no se puede perpetuar un modelo agotado, que la prioridad son los trabajadores y no los empresarios, existen también dos puntos de vista sobre cómo capear el ladrillazo. Por un lado, Pedro Solbes y su equipo creen que el Estado no debe intervenir ni siquiera en lo más mínimo. A eso se refería el vicepresidente económico con esa desafortunada frase que le encumbró esta semana: “Si la recesión sirve para limpiar la economía, la situación no tendrá más importancia”. La reconversión ahora le toca al ladrillo feroz; se siente. En el otro lado, Miguel Sebastián defiende que el Estado se moje y no sólo mire. Que la solución al incendio no puede ser esperar a que las cenizas abonen la siguiente cosecha. José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, busca su propio término medio mientras reparte los tantos entre ambos equipos. De momento, en el marcador van empate a uno, aunque el que remonta es Sebastián.

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