Durante años, el PSOE y el PP han dejado en el cajón de los asuntos pendientes una reforma parcial de la Constitución con la que hacer algunos cambios no fundamentales. El más citado: el privilegio de los varones en la sucesión de la Corona española, un asunto que no quita el sueño a nadie, aunque en el terreno de los principios es manifiestamente ilegal. Siempre se ha dicho que no era una buena idea abrir el capítulo que obligaría a iniciar un debate de final incierto. Otros (y cuando digo otros me refiero sobre todo a otros dirigentes del PSOE y el PP) querrían aprovechar el momento para alterar elementos básicos de la Constitución, quizá relacionados con las autonomías, sobre los que no existe un consenso claro.

Hay otra explicación. Una reforma con asuntos de calado político obligaría a celebrar un referéndum y disolver las cámaras. Los partidos no quieren que estas cosas determinen el calendario electoral cuando están en el poder.

Se hizo una vez, con aprobación por el Congreso y Senado sin necesidad de referéndum, en un caso no trascendental: el derecho de los ciudadanos de la UE a votar en las elecciones locales. Menor, porque no preocupaba demasiado a los ciudadanos ni había generado ninguna polémica. Un simple quid pro quo que se podía solventar con una votación parlamentaria. Fuese y no hubo nada. Fin de la historia.

Un Gobierno agonizante y un presidente-zombi pretenden emplear el mismo método para un asunto político de la máxima trascendencia. Fijar un techo constitucional al déficit público, es decir, al gasto público. Los detalles se desconocen, y en este caso el diablo y todo el maldito infierno están en los detalles. Lo que sí sabemos es que se trata de una imposición de Alemania, en cuya Constitución desde 2009 el artículo 109 establece que a partir de 2016 el déficit estructural del Estado no podrá superar el 0,35% del PIB. Los länder, estados federados, tienen hasta 2020 para dejar el déficit en cero.

Más en Guerra Eterna.