Las instituciones públicas sí salvan los diarios

En apenas 48 horas ya habremos entrado en 2009, un año que parece antojarse complicadísimo en cuanto a la crisis económica global se refiere. Pero si la crisis global es grande, la de los medios es mayúscula.

Y es que los medios de comunicación -especialmente los periódicos- se van a enfrentar a la crisis publicitaria, una crisis que hace que casi ningún anunciante tenga dinero para publicitarse en los medios. Aunque la publicidad pueda en principio parecer un complemento, lo cierto es que, sobre todo en los medios de provincias, la publicidad se convierte en el principal sustentador económico de los salarios de los periodistas. De modo que a menos publicidad, menos dinero se puede pagar a la gente y... en fin, ya saben.

Pero no se preocupen, que papá Estado está aquí para ayudarnos a todos. Cierto es que a muchos no les ha sentado nada bien eso de que el Estado esté ayudando ahora a los bancos y a las empresas que más excesos han cometido, ya que parece que de este modo los ciudadanos premiamos -con dinero de nuestro bolsillo- las malas prácticas empresariales y los excesivos riesgos financieros. Sin embargo, tampoco se crean que el Estado es ningún pardillo que siempre pone la otra mejilla y da dinero sin esperar nada a cambio. ¿Acaso creen que las administraciones no sacarán tajada -directa o indirecta- de estos generosos préstamos?

En cuanto a la prensa, la situación es más clara todavía. En primer lugar, todas las instituciones públicas (todas, sin apenas excepción) conceden cada año unas generosísimas ayudas a los medios de comunicación, algo que ya de entrada no huele demasiado bien pero que puede encajar dentro de las ayudas que los organismos públicos dan a las empresas.

Sin embargo, la verdadera caja de los truenos va por el lado publicitario. Aparte de los convenios, la mayoría de los cuales son públicos (la Junta, por ejemplo, los muestra en su web) y no están demasiado escondidos, el verdadero pastel económico se reparte en materia de publicidad. La verdad es que mucha de la publicidad institucional puede tener su sentido (actividades concretas, convocatorias, programas...) pero algunas otras publicidades son tan genéricas que uno se pregunta qué utilidad tiene eso y por qué una administración se gasta tantísimo dinero en algo que no le reporta ningún beneficio publicitario. La estrategia, no obstante, es bastante clara: en muchos casos, las instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, juntas de comunidades...) no sólo invierten en publicidad en los medios, sino que incliso pagan unos precios bastante más elevados que los que en realidad podría pedir un medio a sus anunciantes por esos espacios publicitarios. Al empresario en cuestión se le hace la boca agua al ver que cuenta con más dinero del que creía que tendría gracias al generosísimo (y desorbitado) pago publicitario que le ha hecho la institución. El problema, como supongo que ya estarán adivinando, vendrá cuando el medio en cuestión publique una información que perjudique a la institución y ésta decida hacer alguna que otra llamadita de teléfono para pedir ciertas explicaciones. Obviamente, ante estas presiones, el medio puede optar por seguir realizando su trabajo informativo, pero, ¿y si la institución decide entonces retirarle la publicidad? ¿Quién será el primo que pague esa cantidad desorbitada por la publicidad? Obviamente, nadie.

Y entonces, ¿qué hará el empresario que había hecho sus cálculos contando con el pastizal que le daba la institución pública? ¿Tendrá que echar a alguien? ¿O mejor optará por procurar que su medio no saca información que pueda molestar a la institución?

Ante la crisis financiera, las instituciones públicas están dándole a los bancos el dinero que no les llega por otro lado. Ante la crisis publicitaria de los medios, ¿adivinan quién se hará cargo de la situación y decidirá pagar esas publicidades?

¿A cambio de qué?

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