La naturaleza autónoma de Virtus engendró sus propios monstruos, sobre todo en el ámbito de las contrataciones laborales o de las subcontrataciones a empresas externas. Virtus ha sido como un feudo franco medieval; una reserva señorial libre de un control público riguroso, a pesar de la presencia de las administraciones local y regional en el patronato, a pesar de su presupuesto proveniente de las arcas castellano-manchegas, a pesar de su fiscalización por parte de organismos públicos… Ni siquiera la Sindicatura de Cuentas detectó jamás riesgos ni irregularidades en la contabilidad de Virtus, en lo que parece ser una negligencia más en esta desconcertante historia.

Dada su naturaleza jurídica, la Fundación nunca tuvo la obligación legal de convocar licitaciones o concursos públicos. Aunque la Sindicatura de Cuentas advirtió de la conveniencia de regular las contrataciones en este sentido, lo habitual era que los patronos fueran informados a posteriori de operaciones ya acordadas o ejecutadas de antemano, bien por la gerencia, bien unilateralmente por el presidente-alcalde Hermoso Murillo. Y esas decisiones fueron siempre suscritas y, en ocasiones, aplaudidas fervorosamente por el patronato.

Parte de la delicada situación actual hay que buscarla en la caótica política de subcontrataciones, que a la larga produjo disensiones entre gerencia, alcaldía y patronos. Estos pulsos afectaron negativamente al control racional de la Fundación... Pero no sólo eso: algunas de las decisiones sobre empresas subcontratadas tomadas entre los años 2007 y 2008 condujeron a Virtus, irremisiblemente, al embargo.

Tras el inicio de la semana pasada, Santos G. Monroy publica hoy en Miciudadreal.es la segunda entrega del reportaje sobre la Fundación Virtus de Puertollano (Ciudad Real: Fundación Virtus, caso abierto. Capítulo II: La semilla de la discordia.