(...) Sea como fuere, la creación de este consorcio no resulta una excesiva novedad en la política de apoyo al Aeropuerto, ya que esta infraestructura cuenta desde antes de inaugurarse con numerosas ayudas económicas e implicaciones personales de varias instituciones públicas. He aquí algunos ejemplos:

1.- Accionistas. Entre los accionistas del Aeropuerto encontramos a varias sociedades y empresarios, pero sobre todo lo que abunda son las instituciones públicas: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) o CCM, entre otros.

2.- Ayudas a fondo perdido. Al margen de las acciones, a las que se les debería presuponer un retorno de inversión, instituciones como la Junta, la UCLM o los ayuntamientos de Ciudad Real y Puertollano han programado, a lo largo de varios años, ayudas económicas por valor de más de 40 millones de euros. No se espera retorno de todas estas cantidades, ya que sus propios emisores las calificaron de ayudas a fondo perdido.

3.- Préstamos a empresarios. La intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM) no sólo ha perdido dinero como accionista, sino también al haber concedido préstamos a varios de los empresarios propietarios del Aeropuerto. Entre éstos se encuentran Domingo Díaz de Mera, Ignacio Barco y Román Sanahuja, un trío empresarial que ahora mismo colecciona sociedades en quiebra y que debe cerca de 600 millones de euros a CCM.

4.- Financiación de la línea de transporte. El Aeropuerto está a medio camino entre Ciudad Real y Puertollano, dos localidades entre las que se colocó una línea de autobús que para en el Aeropuerto y que realizaba un trayecto cada hora. Esta línea, sin apenas pasajeros, fue habilitada por el Ayuntamiento de Ciudad Real merced a una decisión que le enfrentó al consorcio de empresas de transporte, que le recordaron que un Ayuntamiento no puede habilitar líneas de autobuses entre dos localidades.

5.- Expropiación de terrenos. Hace años, el Aeropuerto de Ciudad Real fue calificado como Proyecto de Singular Interés (PSI), una calificación que no sólo exime del pago de diversas tarifas administrativas, sino que además permite la expropiación de terrenos. La Junta de Castilla-La Mancha y el Aeropuerto pagaron a los dueños de estos terrenos rústicos entre 0,54 y 4,5 euros por metro cuadrado.

Pincha aquí si quieres ver el artículo publicado en El Confidencial en el que destacamos algunos ejemplos de ocasiones en que el dinero público ha acudido al rescate del Aeropuerto de Ciudad Real.


P.D.: La foto de arriba es de Víctor Torres.