El 12 de junio de 2008, la Fiscalía Provincial de Ciudad Real decidía abrir "diligencias procesales" para investigar si varios cargos del Partido Popular habían cometido un delito de prevaricación en la adquisición de unos pisos protegidos.

No obstante, la Fiscalía, que en su momento actuó a instancias del Grupo Socialista de Ciudad Real, ha decidido ahora archivar las diligencias de investigación preprocesales al considerar que la compra de los pisos y estos hechos "no son constitutivos de infracción penal", según el comunicado emitido desde la propia Fiscalía.

Se cierra así un caso que ponía en el ojo del huracán a varios cargos del PP de Ciudad Real. Entre ellos, la actual alcaldesa, Rosa Romero, que compró un piso; su padre, que compró otro; el antiguo alcalde, Francisco Gil-Ortega, con dos pisos; su sobrina, con uno; dos hijos del entonces concejal de Urbanismo (Gabriel Miguel Mayor), con un piso cada uno; y la diputada nacional por el PP Carmen Quintanilla, la más lista de todas, que compró un piso que vendió posteriormente por una cantidad que podría acercarse al doble de lo pagado en su compra, según la tasación de El País.

El problema de este caso venía por la etiqueta 'protección municipal' que amparaba a estos pisos. Y es que a día de hoy todavía no conocemos la constitución legal de una figura como la 'protección municipal'. El procedimiento que siguió el Ayuntamiento de Ciudad Real a la hora de 'proteger' estos pisos consistió en ponerles un precio sensiblemente inferior al de su venta libre (algo lógico en los pisos protegidos), pero no poner trabas de renta ni de ingresos a los posibles compradores.

Es decir, que éstos eran unos pisos baratísimos a los que podría acceder cualquier ciudadano, aunque estuviese forrado. De modo que el que primero se enterase, se llevaba el chollo.