El aeropuerto de Ciudad Real, el primero de capital íntegramente privado, está inmerso en una encrucijada financiera. Su funcionamiento no ha ido todo lo bien que se esperaba y sus actuales accionistas, entre los que se encuentran el empresario Domingo Díaz de Mera, el editor Antonio Miguel Méndez Pozo y Caja Castilla-La Mancha -intervenida por el Banco de España-, tienen una cosa clara: quieren deshacerse cuanto antes del proyecto, que no les está reportando los beneficios que esperaban.

La venta del aeródromo, y la consiguiente multiplicación de las plusvalías para los socios, está pendiente sólo de una modificación legal de gran calado. Se trata de dos cambios en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) de Castilla-La Mancha, introducidas hace seis meses por el Grupo Parlamentario Socialista, presidido por José María Barreda, y a punto de aprobarse en las Cortes regionales.

Las enmiendas incluyen una importante modificación que permitirá a los promotores del proyecto vender por separado los terrenos aledaños al aeropuerto como suelo industrial, a pesar de que ellos lo compraron como rústico. Las plusvalías estimadas que obtendrían con el cambio serían de unos 3.000 millones de euros, según calculan expertos urbanísticos consultados.

Más en este artículo de Cristina Caballero, la periodista que más dolores de cabeza les está dando a varios empresarios con negocios en Castilla-La Mancha.

¿Sabrá Cristina Caballero que una parte de esos terrenos originalmente rústicos eran propiedad precisamente de algunos de algunos inversores relacionados actualmente con el Aeropuerto de Ciudad Real?