El Banco Santander intentó hace unas semanas cerrar, a través de presiones y acusaciones de estafa, la página web Banco Santander Sin Armas, perteneciente a una campaña de tres ONG contra la financiación del comercio de armamento. En periodismohumano hemos tenido acceso al contenido de los correos eletrónicos enviados por los representantes del Grupo Santander a las empresas tecnológicas que albergan la página, que confirman que el grupo presidido por Emilio Botín presionó a estas compañías de servicios para que la eliminaran, llegando incluso a acusar a las ONG de phishing, de estafa.

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Ese mismo día, poco después de las siete de la tarde, una conocida empresa española de dominios (los que registran y mantienen los nombres de las páginas), recibía otro mail casi idéntico desde Telefónica, pidiendo “colaboración, eliminando el DOMINIO [bancosantandersinarmas.org] de sus sistemas”. Sin embargo, este segundo mail va más allá y acusa a la web de estar violando leyes “relacionadas con la propiedad intelectual del banco ya que se están recogiendo datos personales de sus clientes para luego acceder ilegalmente a sus cuentas bancarias, utilizar sus tarjetas de crédito, etc”.

En otras palabras, el tándem Santander – Telefónica acusa a las ONG de una práctica conocida como phishing, que es pura estafa, un delito muy grave, muy perseguido y muy condenado. Los impulsores de la campaña tienen claro que “han aprovechado la sensibilidad que hay sobre el phishing para acusarnos de esa barbaridad e intentar quitar de circulación la web al menos provisionalmente. Es cierto que en la página se piden datos personales, pero como en todas las campañas en las que se recogen firmas por una causa, y en ningún caso esa información se podría usar para entrar en sus cuentas bancarias”.

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